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La defensoría del pueblo ha alertado sobre la existencia de una “estado de emergencia en el sistema de transporte” y ha publicado un informe del 12/06/08 que “ en lo concerniente al transporte automotor de pasajeros, la falta de planificación integral, el incumplimiento de la ley nº 25.0311, la recurrencia falta de revisión técnica de las unidades y una guerra comercial por los recorridos, son causas sustanciales que conspiran contra la calidad del servicio y a diario agravan la siniestralidad vial en el corazón de la ciudad y en toda la región metropolitana.
La posibilidad de movilidad y accesibilidad hacen al derecho básico de la persona. Sin oportunidad del acceso al transporte se ve impedida del ejercicio de sus libertades básicas de desarrollo social, trabajo, etc.
El estado debe ser el garante del acceso al transporte. Aún siendo el servicio de propiedad privada, se debe dar respuesta a la demanda del ciudadano. En la práctica en nuestro país la realidad es otro, la demanda queda relegada frente al interés comercial, y el Estado no resguarda con efectividad los derechos y garantías frente a la voracidad del comercio del transporte.
Por otra parte y aún más a nuestro favor, el defensor del pueblo de
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